El Estado debe obtener el consentimiento libre, previo e informado antes de aprobar cualquier proyecto de desarrollo que afecte las tierras y recursos de los pueblos indígenas.
Para que este derecho sea aplicado de manera justa, se debe de respetar lo siguiente: 1. Desde el inicio de un proyecto se debe consultar a los pueblos indígenas; 2. Se debe otorgar el tiempo necesario para que los pueblos indígenas reciban todo la información sobre los proyectos y sus impactos; 3. Se debe dar información en las formas tradicionales de cada pueblo; 4. Se debe evitar cualquier tipo de influencia en opiniones hacia los pobladores; 5. Se debe documentar cualquier decisión en forma detallada.
El derecho al consentimiento libre, previo e informado se encuentra estipulado en leyes nacionales e internacionales y se puede aplicar en la defensa de las tierras cuando se pretende realizar un proyecto que cause daños irreparables.
Es importante exigir el cumplimiento de esta ley porque proteger el ambiente, garantizar agua y aire limpio, y es un mecanismo para controlar los proyectos de desarrollo, para asegurar que realmente beneficien a los pobladores de la comunidad.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas junto con otros instrumentos internacionales reconocen el derecho al consentimiento libre, previo e informado como un derecho de los pueblos indígenas.
Explica la importancia de tener toda la información sobre los impactos al medioambiente, a la comunidad y a los pobladores. Se debe dar en manera completa y en el idioma materno para asegurar comprensión total.
Describe la importancia de atener la información adecuada de un proyecto previamente, para que los indígenas de la región en cuestión puedan tener un discurso apropiado sobre los cambios que se implicarían.
El proceso de negociación entre el gobierno y los pueblos indígenas debe ser libre de amenazas, sobornos, o cualquier manipulación por parte del gobierno en las decisiones de los pobladores.